Niñas, Niños y Adolescentes: Los derechos de los que no votan

En víspera del tratamiento del proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” que la Cámara de Diputados aborda este martes 11 de abril, consultamos a la especialista en violencia Fabiana Condon, para aclarar algunos aspectos.

Pedro González

Unicef, la INDDHH y asociaciones civiles coinciden en que debe dotarse al sistema judicial de recursos para evitar las situaciones dolorosas que generan las demoras. Y que este proyecto de ley no da solución a problemas actuales, por el contrario, pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes (NNA).

Condon, psicóloga con 20 años de experiencia en la temática, dijo que la corresponsabilidad ya esta consagrada en las normas actuales de Uruguay. La especialista también es vocera de la campaña “Mala ley daña la infancia”.

Señaló que el título “corresponsabilidad en la crianza” es atractivo pero confunde. Agregó que la ley vigente da garantías y que es cierto que en la implementación de la justicia no hay recursos (para defensores de oficio, para que jueces llamen a audiencias en tiempo y forma, para equipos técnicos y peritajes), por lo que “si se quiere resolver el problema, hay que generar recursos, no mandar a los gurises con personas violentas”.

En el departamento de Colonia, por ejemplo, no hay fiscalía especializada, el mismo fiscal se encarga de todo “¿Cómo investigás bien un delito tan específico como el de violencia sexual, por ejemplo, si el mismo fiscal está investigando de todo?”, cuestionó. “En el departamento, el año pasado una niña fue asesinada, y otra de 12 años fue embarazada por su padre”.

Además los abusadores niegan y manipulan. “En caso de madres que entregan a sus hijos a la explotación sexual, son las primeras que piden para verlos, porque no quieren que sigan hablando”. Y agregó que es difícil para sus familias entender que hagan algo así, “son personas comunes y corrientes, que lo hacen desde su lugar de poder y a la vez se aprovechan de una cultura que tiende a no creer en el abuso, se prefiere mirar a un costado”.

Quien abusa empieza de forma progresiva, los niños confunden las conductas, es en secreto, luego con chantajes y amenazas: ‘si contás nadie te va a creer, voy a ir preso, tu mamá no va tener para comer o se va poner muy triste’, explicó.

La especialista destacó que no es verdad que sean las mamás las que denuncian, a veces les creen y se animan a denunciar, otras no. Quienes efectivamente hacen la denuncia son la escuela, centros de salud, INAU. A las emergencias médicas llegan muchos casos de violencia sexual que son denunciados, niñas embarazadas de 12 años sobre quienes nadie se preguntaba nada hasta antes de 2018. “Se comenzó a incorporar la información de que una niña embarazada en general es producto de una situación de violencia sexual. Antes nadie se preguntaba nada: iban, parían y se volvían a la casa. Ahora sí hay una mirada sobre indicador de daño y empezaron a aparecer muchas revelaciones de violencia sexual”.

Condon aseguró que el proyecto fue impulsado por personas denunciadas por violencia, que dicen ser víctimas de denuncias falsas, pero que en Uruguay no hay datos que lo corroboren. Sí, dijo, existe la figura de simulación de delito para quien denuncie falsamente, pero en ninguno de los casos se presentó una denuncia por este motivo.

También dijo que el síndrome de Alienación Parental, argumento que ha sido utilizado por los impulsores del proyecto de ley, no existe, y que la fiscalía de Uruguay, así como la internacional, la han desestimado por falta de rigor científico. “Es una pseudoteoría que sirve para acallar a los niños que sufren abusos. La exposición de motivos de esta ley no tiene datos ni evidencia que justifiquen que las normas actuales no cumplan con el derecho a las visitas, corresponsabilidad, tenencia, y protección contra la violencia”.

Explicó que cualquier modificación normativa debe tener dato y evidencia que la justifique, y que no debe bajo ningún concepto violar derechos como lo hace esta ley vulnerando el derecho a ser oído de los NNA. Según la redacción, serán oídos siempre que se manifieste una expresión de su voluntad reflexiva y autónoma. Para la especialista, ese agregado anula el derecho a ser oído como lo expresó UNICEF de forma muy clara. “Entre adultos no nos decimos: ‘Voy a escuchar tu opinión siempre y cuando sea expresión de tu voluntad reflexiva y autónoma’ (como establece el proyecto de ley en referencia a los NNA) ¡No! escucho tu opinión y listo, y la tomo en cuenta”.

No es que se hace lo que el niño diga, aclaró. En caso de que un niño manifieste querer vivir con su mamá o papá y la justicia determina que hay abusos, va a resolver la separación por el bien superior de su vida y su seguridad. En relación a las medidas cautelares, dijo que hoy se establece un mínimo de seis meses para las mujeres y de tres para los niños. Y que en este tiempo son evaluados para conocer su situación. Además, si el niño quiere, si el equipo técnico evalúa y la justicia lo determina, puede volver a ver a la persona denunciada.

En relación a los niños que se animan a denunciar, Condon aseguró que si se resuelve que el abusador acceda a las visitas, por más que sean vigiladas el menor verá materializada una de las amenazas mas recurrentes de parte de abusadores: “nadie te va a creer”, y no vuelve a confiar en la justicia de los adultos. Indicó que la comparecencia de la Asociación de Psiquiatría y Pediatría fue muy clara, y que dada la preocupación que genera, recientemente sacaron un nuevo comunicado de prensa. Afirmó que los niños se suicidan por la angustia que esto les genera.Esta es la gravedad de lo que se vota.

Asociaciones civiles se oponen

Un comunicado emitido el 5 de abril insta a “votar por los que no votan (porque) los derechos de la infancia no se negocian”. Firman la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay, Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres, Intersocial Feminista, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Pro Cuidados que velan por los derechos de los NNA.

El texto señala que se trata de una ley adultocentrista basada en la aseveración de que las denuncias por abuso son falsas, y destaca el consenso en el reconocimiento del “impacto devastador en la infancia, la dinámica de los abusadores y explotadores (amenazar, negar los hechos, culpabilizar a las victimas) que no han sido tenidas en cuenta por muchos diputados que insisten en votar esta ley que daña la infancia”. Consideran que es una mala ley, innecesaria y que no se sustenta en evidencia alguna.

“Cerramos el año 2022 con la información de 7.035 niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual (SIPIAV, 25 abril 2022), 529 situaciones de explotación sexual (CONAPEES 7 diciembre 2022) y el homicidio de ocho niños por parte de padres y pareja de madre”, expresa el comunicado.

Demandan el accionar responsable del Estado, pero también de la sociedad civil: “debemos exigir protección”. Indica que “el problema es grave en el sistema de justicia en particular, por la falta de recursos y formación que genera demoras y respuestas revictimizantes para todas las partes y en especial para los NNA”.

El texto reconoce la rigurosidad en el estudio del tema por parte de algunos legisladores, y señala que aquellos que voten afirmativamente esta ley que “daña la infancia”, deberán rendir cuentas a la ciudadanía, por lo que implica para el bienestar de las víctimas infantiles. “Aunque las niñas, niños y adolescentes no votan, las personas menores de edad que son abusadas, maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos”.

Derechos humanos en entredicho

Marcos Israel, presidente del consejo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), dijo en el programa de radio En Perspectiva, que la institución emitió un segundo comunicado reafirmando sus discrepancias. La INDDHH observa que la redacción del Art. 4 del proyecto de Ley, no da tranquilidad sobre las garantías del bien superior de los menores. El artículo establece que durante un proceso de denuncia por violencia doméstica, se resuelva que el acusado realice visitas a los menores. Y en caso de que sea efectivamente un abusador, se expone al NNA.

Israel señaló que las capacidades de la justicia para dictaminar sentencias durante las medidas cautelares no colabora en el interés superior del NNA. El problema tiene dos caras aseguró: si se extienden las medidas cautelares y la persona acusada es inocente se rompe el vínculo; y si es culpable y el juez por urgencia permite las visitas, se expone a los NNA al abusador. Hay dos visiones de lo mismo, indicó. ¿Por qué demoran las medidas? Porque la justicia no tiene los medios para resolver a tiempo. El sistema político está para darle recursos a la Justicia para que sea eficiente. Para la INDDHH el centro de la discusión pasa por ahí. “La corresponsabilidad como concepto genérico no nos parece mal”, aclaró. Está demostrado en el mundo que los dos progenitores son igualmente importantes para la crianza. O se cambia la redacción del artículo 4 o se le dan los recursos a la justicia para acelerar los procesos, señaló.

La INDDHH no ha recibido denuncias de padres perjudicados por la legislación actual, indicó su presidente, quien también reconoció que esta situación puede romper el vínculo con el progenitor y la familia. En relación a la confrontación entre las distintas posturas, dijo que se debe resolver de forma racional y evitar las pasiones. Todas las partes deben estar protegidas en sus derechos.

El articulo 4º- c) de la ley establece que: “En todo caso, y también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado, toda vez que a juicio del Juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente, y de considerarse necesario, en las modalidades que garanticen el interés superior de éstos”.

Génesis del proyecto

Según la exposición de motivos, el proyecto se presentó a instancias de un discurso de la presidenta del Senado, Beatriz Argimón del 4 de agosto de 2020, en el que se hizo eco de un estudio realizado en cinco países europeos sobre la “penalización de la maternidad”. Esto, a grosso modo, es la condición de rebaja salarial que afecta a las mujeres al ser madres, en comparación con los hombres que no se ven afectados por la paternidad.

Según la tesis de maestría de Martina Querejeta Rabosto ‘Impacto de la maternidad en la trayectoria laboral de las mujeres: evidencia para Uruguay’ de 2019, “el efecto de la maternidad sobre el salario total es del 42% para la población analizada, y está explicado tanto por la penalización al empleo, que es del 60%, como por una reducción del salario por hora del 25%”.

La exposición de motivos también menciona que se vieron instados a considerar el proyecto presentado por el entonces senador Luis Lacalle Pou, basado en un texto presentado por la asociación ‘Todo por Nuestros Hijos Ya’ el 02 de febrero de 2016, titulado “Tenencia compartida”. Sobre esto Condon señaló que “nunca fue un planteo del movimiento feminista: una visión de la corresponsabilidad no significa que los chiquilines sean repartidos y que en ese reparto queden afectados en sus derechos”.

El objetivo de la asociación ‘Todo por Nuestros Hijos Ya’ es: “contemplar los derechos humanos de nuestros niños a los efectos de evitar males peores en ellos que son el futuro de la sociedad. Y evitar así que no haya más ‘hijos huérfanos de padres vivos’ (LVA aclara que así esta redactado en su sitio web). Aspiramos a recuperar o mejorar -en cantidad y calidad de tiempo- la comunicación con nuestros hijos compartiendo la tenencia de ellos”.

LVA contactó a un integrante de ‘Familias Unidas por Nuestros Niños’ en el departamento de Colonia, quien si bien se mostró interesado en aportar su visión, pasados tres días desde la primera comunicación no pudimos contar con su aporte.