Medicamentos. Asociación de Farmacias del Interior alerta sobre problemas

La Asociación de Farmacias del Interior (AFI) alertó sobre políticas que habilitan el avasallamiento de grandes cadenas internacionales, la presión del mutualismo a gobiernos obsecuentes, y el contrabando de medicamentos, primero desde Brasil y luego desde Argentina, que amenaza el sector y la salud de los uruguayos. (Portada: afiche antiguo de Cafiaspirina).

Pedro González

Ivonne Moreno vicepresidenta de AFI indicó que al asumir la directiva a fines de 2018 se plantearon como eje de trabajo conocer la realidad que vivían sus asociados en cada departamento. Aseguró que se identificaron problemáticas que se repetían. Las más graves vinculadas a la intromisión de actores en el mercado desde la ilegalidad, otros amparados por cambios en las reglas del juego que han ponderado el beneficio de grandes cadenas internacionales.

“Cuando los socios nos plantearon esto salimos a golpear a todos lados porque se consideró que estas problemáticas debían abordarse de manera interinstitucional”. A su juicio deben estar involucradas las Intendencias, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Ministerio de Salud Publica (MSP) y el Ministerio del Interior (MI). Es un tema sanitario y las farmacias son un agente de salud, indicó, por más que sean prestadores de servicio privados con un fin empresarial, “tenemos que velar por la salud de todos los uruguayos”, concluyó.

El 26 de julio pasado AFI emitió un comunicado interno titulado: “Grave situación para la farmacia del interior”. Se informó a los socios de estas problemáticas y otras como la necesidad de materializar el cambio hacia la receta electrónica por la situación de desigualdad con el mutualismo. A la vez se presentó un informe encargado por la directiva a su asesor letrado, el doctor Osvaldo Cestau, para analizar el alcance del proyecto de rendición de cuentas presentado por el Ejecutivo que proponía modificaciones en el articulado que rige el sector y suponía aún más ventajas en favor de las grandes cadenas.

Si pasa, pasa

Cestau, vinculado a la asociación desde hace 34 años, dijo que el texto fue recortado en la Cámara de Diputados y pasó al senado con otra redacción que no tenía nada que ver con la original, incluso era peor, expresó. “Nos movilizamos y se votó su exclusión en el senado y quedó en la comisión de Salud para su estudio”. Aclaró que este articulado no tenia nada que ver con una rendición de cuentas y que de no haber estado atentos, se hubiera votado porque es lo que pasa con estas ‘leyes ómnibus’, ni se miran indicó. Los cambios que se proponían y fueron excluidos eran la reducción de la distancia exigida entre farmacias, así como el número de habitantes por farmacia que pasaba de 5000 a 3000. Esto suponía la habilitación de 200 nuevas farmacias, aspiración de las grandes cadenas que con la ley actual no pueden abrir más locales.

Ademas de estas modificaciones, recaía en autoridades del MSP la decisión de trasladar o habilitar discrecionalmente estos nuevos locales. De hecho, a raíz de la exclusión de estos artículos, las cadenas tomaron otras acciones para expandirse. Ahora compran farmacias, buscan las más grandes y mejor posicionadas. Cestau aclaró que con la extensión de la ley de inversiones que facilita la exoneración de tributos para estimular el ingreso de capitales extranjeros, incluyendo el rubro servicios, en 2013 el fondo de inversión extranjero Linzor compró Farmashop a Devoto con intenciones de expandirse.

Ese mismo año el gobierno de José Mujica emitió un decreto con la intención de frenar esta expansión, limitando a 15 el número de farmacias de un mismo propietario. El decreto entre otras cosas argumentaba: “El Estado, en ejercicio de su cometido de policía sanitaria, debe regularla determinando la forma de su ejercicio, imponiendo condiciones técnicas, autorizaciones previas y ejerciendo las fiscalizaciones correspondientes».

En 2016, Tabaré Vázquez derogó el decreto de Mujica porque portaba algunos vicios legales observados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). A la vez, emitió un nuevo decreto que disponía otra limitación: un mismo propietario no podía tener más del 10% del total de farmacias del país, lo que topeaba el crecimiento de las grandes cadenas. No obstante, evitaba su fraccionamiento como lo determinaba el decreto que se sustituía. En 2020, durante la actual administración de Lacalle Pou, el TCA ante el reclamo del grupo inversor falló a favor de la empresa, por lo que ya no hay un límite de sucursales por propietario.

Cestau también se refirió al caso paradigmático de Florida donde aun no ingresan las grandes cadenas, es el único departamento. Explicó que allí hay una farmacia local que es referente y a pesar de las propuestas no ha cedido a vender.

De paso comprame un analgésico

Moreno de AFI, señaló que en todos los departamentos se constata la venta no habilitada de medicamentos en ferias, kioscos, almacenes, panaderías y hasta carnicerías, “algo insólito”, remarcó. Si bien realizaron denuncias ante el Congreso de Intendentes, el MSP, MI, DNA, a través de cartas y presentando pruebas, la respuesta ha sido que no se cuenta con recursos humanos suficientes para atender las demandas.

Según Cestau, esta es la respuesta histórica y sistemática que reciben a sus reclamos. Agregó que se habla mucho de descentralización, pero que todo se maneja desde Montevideo. Moreno por su parte, apuntó que por la descentralización del MSP con direcciones departamentales en cada capital, los inspectores son escasos y el control prácticamente nulo. Desde las intendencias se afirma que no es su competencia.

“Nos reunimos con la secretaria de la comisión de Salud del Congreso de Intendentes para explicarle la situación y buscar apoyo para una campaña, y acceder a instrumentos para fiscalizar de forma interinstitucional”.

Las solicitudes se dirigieron a las juntas departamentales y a cada intendente. Fueron recibidos de manera presencial antes de la pandemia y luego vía zoom. Moreno dijo que cuando se desestiman sus reclamos da tristeza, porque “siendo tan pocos en Uruguay no se defienden las fuentes laborales de las farmacias comunitarias, familiares, con muchas jefas de hogar a cargo, y de quienes el dinero queda en el país”. El 80 por ciento de AFI son pymes, subrayó. Cestau ilustró que la Ley de farmacias de 1985, establece claramente que los únicos establecimientos habilitados para la venta de medicamentos son las farmacias comunitarias, mutuales, hospitalarias y droguerías.

Cruzando fronteras y legalidad

En un principio el contrabando provenía de Brasil. Se hicieron denuncias, se consiguieron pruebas, y se constató que los medicamentos se distribuyen en todo el país. Ahora también y de forma masiva, sin control desde Argentina. Se pierde clientela, se estanca el medicamento uruguayo, y de seguro perjudica a los laboratorios, dijo Moreno. Indicó que durante esta gestión se han hecho jornadas de trabajo con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Laboratorios Nacionales, y con los Centros de Farmacia del Uruguay. Al momento, lamenta que no se ha conseguido nada y en la directiva hay un desgaste, pero matizó que no bajarán los brazos.

Cestau dijo que el contrabando es un problema de siempre, y que no hay voluntad política para frenarlo. Señaló que pasan como si nada, “hasta nos encontramos con una farmacia que ofrecía envíos a Uruguay via whatsapp y página web”. También recordó una denuncia por una camioneta que transportaba medicamentos desde Colón a Paysandú.

Tique trancado

El sistema de tique electrónico fue creado por AGESIC y ya esta listo para su implementación desde la finalización del gobierno anterior. Falta solo un decreto que lo regule, afirmó Cestau. Según le explicaron, “el sistema informático es como una autopista a la que se enganchan los prestadores del servicio farmacéutico, ya sean mutualistas, cadenas, farmacias comunitarias”. A ellos, recordó, les sugirieron que usen un concentrador mediante el cual muchas farmacias comunitarias puedan acoplarse juntas. Toda la información se sube a una nube (la autopista) y el usuario puede comprar donde sea más conveniente. Denunció que el Ministerio está muy presionado por todos lados (industria, mutualismo). “El MSP es un monstruo, hay mucho dinero en juego, en Uruguay el mercado de medicamentos mueve más de 1000 millones de dólares anuales”, ilustró. Las mutualistas temen que las farmacias al entrar en el sistema absorban clientes. De todas formas, señaló que ya tienen en funcionamiento el sistema para su uso interno, y cuando vas al médico te recetan y no te dan receta, vas directo a su farmacia con tu identificación y allí te entregan el fármaco.

Cestau apunta contra las mutualistas y señala que desde que se institucionalizó la farmacia mutual, no es ético que quien te prescribe el medicamento, te lo dispense. Puso como ejemplo las cooperativas médicas del interior, cuyos propietarios son médicos. Allí se compran los medicamentos, los prescriben y los dispensan. En el caso de ASSE se entiende porque es gratis, matizó, pero dijo que se debe separar lo comercial de lo no comercial. El precio está regulado y hay lugares donde se hace descuento por pagar con tarjeta. Incluso denunció, venden medicamentos que están por fuera del vademécum, fuera del tique mutual, que es ilegal. El MSP es quien tiene que fiscalizar esto, indicó.

La presión que evita avanzar

El médico Jorge Motta, quien fue director departamental de Salud de Colonia entre 2005 y 2010, señaló que por entonces la denuncia principal de AFI era la venta de medicamentos en lugares no habilitados. En tanto a las farmacias se les exige ciertas condiciones para la venta, fecha de vencimiento, temperatura, higiene y un químico farmacéutico que garantice el tratamiento, en los supermercados, kioscos o almacenes no se piden estas precauciones. Además agregó, se empeora con la venta fraccionada. Todo esto causaba un perjuicio económico a las farmacias y se originó el reclamo. Se intentó realizar una experiencia piloto que se llevara al resto del interior, con inspecciones, advirtiendo y solicitando el retiro de fármacos en comercios no habilitados, con el aval del Ministerio de Salud Pública.

Cestau recordó la experiencia. Por una resolución ministerial, las farmacias y droguerías se hicieron cargo de los honorarios de dos químicos y dos escribanos y los vehículos para trasladarse. No se les permitía incautar los medicamentos, pero se empaquetaban, lacraban y se labraban actas. Se consiguieron resultados, pero a los cinco meses, a su entender por presiones, el Ministerio les retiró su aval y nunca más se hizo nada. “Se ha institucionalizado la venta en lugares no habilitados, y la gente piensa que es normal”. Señaló que la ‘policía sanitaria’ es el MSP, y aclaró que la ‘venta’ no es ilegal. Reflexionó que la venta en negocios no habilitados dio enormes ganancias a los proveedores, pero no a los pequeños comercios que tienen un margen de ganancia irrisorio.

Motta señaló que a las farmacias se les pidió como contraprestación que indicaran los lugares donde se constataban las faltas. También se les instó a que se posicionaran en barrios periféricos, sin cobertura en pos de evitar la densificación en zonas céntricas. Y como gestor de salud, la farmacia comunitaria, explicó, tiene un vínculo cercano con la ciudadanía, lo que se aprovechó para difundir información sobre cómo evitar el desove del aedes aegypti y parar la propagación del dengue, así como para prevenir otras patologías epidemiológicas. Se difundió en los medios haciendo esta colaboración pública y durante un tiempo mermó la venta irregular.

Hoy fuera de la institución, Motta manifiesta el deseo de que esa colaboración continúe. Cestau dijo que con Motta se podía dialogar y tenía voluntad, pero que en otras Intendencias ni siquiera les responden. Habiéndose criado en el interior, señaló que la cercanía de los funcionarios con los infractores repercute en inacción: no quieren complicarse, todos se conocen, indicó.