Nuevo consejo de DDHH. Comisión procurará consensos

Unas 100 organizaciones de la sociedad civil alertaron esta semana sobre un “cambio de criterios” para la elección del nuevo consejo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). El presidente de la comisión parlamentaria que asesora a la Asamblea General para dicha elección, el coloniense Mario Colman, lamentó que “lo que antes era bueno, ahora sea malo”, y aseguró que se buscarán “los mayores consensos”.

Entre las organizaciones firmantes de la declaración se encuentran el PIT-CNT, FEUU, Fucvam, ONAJPU, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Serpaj, Ielsur, y cinco del departamento de Colonia.

El Parlamento convocó a postulantes para integrar el consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para los próximos años. El período de postulación cierra este lunes 11 a las 17 horas. Luego la Comisión Especial asesora de la Asamblea General dispondrá hasta el 1° de agosto para evaluar currículos y recomendar diez nombres.

La Comisión presidida por el diputado coloniense, está integrada por Silvia Nane, Oscar Amigo, Carlos Camy, Amanda Della Ventura, Guillermo Domenech, Rodrigo Goñi, Claudia Hugo, Sandra Lazo, Verónica Mato, Daniel Peña, Iván Posada, Conrado Rodríguez, Gloria Rodríguez, María Eugenia Rosello, Carlos Testa, y César Vega.

“Es un atropello”, dijo el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea el 27 de junio en rueda de prensa, al trascender un acuerdo político en la coalición de gobierno para “repartir” los cinco cargos. “Exigimos al Parlamento que respete la ley que crearon, no es un botín para repartirse entre oficialismo y oposición”.

Al presidente de la Comisión no le parecen mal las críticas, le molesta que “lo que antes era bueno ahora es malo”, porque “el procedimiento es el mismo que se utilizó en 2017 para elegir las actuales autoridades”, aseguró. Según el artículo 39 de la Ley de creación de la INDDHH, las postulaciones pueden hacerlas tanto las organizaciones civiles como los legisladores.

“Están queriendo deslegitimar un proceso que no es distinto al anterior”, reclamó Colman, quien cree que se trata de “prejuicios porque cambiaron las mayorías parlamentarias, pero lo cierto es que no hay nada nuevo”. El diputado agradeció su designación al frente de una Comisión con fuerte presencia de senadores, y garantizó que se buscarán los “mayores consensos”.

“Funciona con autonomía y no puede recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad”

A seguir el texto completo de la declaración. «Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a derechos humanos, rechazamos y denunciamos los pronunciamientos que, desde el sistema político pretenden violentar la ley y convertir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en un reparto de cargos, asignando cuotas políticas según afinidad con el gobierno o la oposición. Esto representa un nuevo ataque a la Institución, donde pierden los de siempre, los más vulnerables, los más vulnerados, por la acción o la omisión del Estado.

La ley es clara y no admite otra interpretación. Quienes podrán proponer postulantes son las organizaciones sociales habilitadas a participar en las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos. El parlamento decide, en función de esas propuestas, controlando que cumplan, entre otras cosas, con “tratarse de personas de alta autoridad moral”, “con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”, procurando “asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación”.

El parlamento uruguayo votó por unanimidad la ley 18.446 que crea la Institución. Desde entonces ha significado un enorme enriquecimiento de la institucionalidad democrática. La exposición de motivos de la norma le atribuye esa intención sosteniendo que: “Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo defiende y protege, controlando a todos los poderes y organismos del Estado, lo que contribuye a garantizar que las personas no se vean vulneradas en sus derechos. Promueve informando, sensibilizando, educando en derechos humanos y también colaborando con el Estado para la adopción de buenas prácticas. Funciona con autonomía y no puede recibir instrucciones ni ordenes de ninguna autoridad.

Desde este colectivo de organizaciones sociales con derecho a proponer postulaciones para el nuevo Consejo Directivo, entendemos que nos asiste la obligación de señalar otros criterios, además de los previstos por la ley, que a partir de estos diez años de experiencia deberían ser considerados para ponderar las propuestas.

– Los candidatos deben estar comprometidos con la continuidad de la institucionalidad en particular en lo que hace a la defensa de su autonomía, competencias, facultades y cometidos. Para la continuidad en la experiencia de gestión es importante la permanencia de integrantes del actual Consejo Directivo como recomienda la propia ley.

– El respeto de los derechos humanos cuya defensa, protección y promoción se le encarga en su rol de Director de la INDDHH debe manifestarse tanto en su trayectoria y actividad pública como en el ámbito privado. No es admisible que hayan participado o apoyado actos o expresiones de violencia, discriminación o exclusión de ninguna naturaleza.

– Por lo mismo, no pueden representar ideológicamente, desde sus dichos y prácticas, bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, la defensa del terrorismo de Estado.

– Capacidad de diálogo y negociación para el relacionamiento con los representantes del Estado al que deben controlar, con la sociedad civil organizada y no organizada, y con los funcionarios de la INDDHH.

– Capacidad y disposición para el trabajo en equipo, indispensable tratándose de un órgano colectivo que proponga una gestión democrática y transparente.

– Actitud de respeto en relación con el rol que corresponde a las organizaciones sociales en las temáticas que abordan y los territorios donde intervienen, y compromiso de una mayor articulación con las mismas, superando la lógica de convocatorias puntuales.

– Como órgano colectivo, debe integrar un adecuado balance de formación, experiencia y sensibilidad en la diversidad temática que comprende esta tarea, con suficiente conocimiento de la realidad social del país, compromiso con un acceso efectivo a la Institución para todas las personas en todo el país».