Abogado de ex alcalde cree que conclusiones de investigadora carecen de valor

Para el defensor legal del ex alcalde de Florencio Sánchez y su familia, las conclusiones de la comisión investigadora de la Junta Departamental presentadas el 24 de junio son “sorprendentes: (los ediles) están en su derecho de declarar las distintas macanas, pero una comisión investigadora en cualquier ámbito siempre escucha al investigado, y esta recolectó pruebas de espaldas a la persona que justamente está siendo investigada”, lamentó Federico Álvarez Petraglia. (Foto: El Telégrafo).

Luis Udaquiola

El viernes 24, ocho meses después de su creación, la comisión investigadora de la Junta que estudió los casos de corrupción en el Municipio de Florencio Sánchez, presentó sus conclusiones.

Integrada por siete ediles de tres bancadas, no alcanzó acuerdos que permitieran un informe único por lo que se conocieron cuatro: uno de los cuatro ediles del Partido Nacional (PN), otro del edil del Partido Colorado (PC), y dos del Frente Amplio (FA), uno por cada integrante de la Comisión.

Para los ediles de la mayoría, el ex alcalde “secundado por dos integrantes concejales de dicha corporación”, gestionó el Municipio en un “ámbito de discrecionalidad donde la voluntad del jerarca era la regla de derecho y la aplicación de las normas de buena administración, la excepción”.

Los ediles blancos reclamaron la intervención del Tribunal de Cuentas para dimensionar “los daños y perjuicios originados a la hacienda pública”. El informe fue firmado por los ediles Julio Basanta, Agustina Durquet, Alejandro Fioroni y María Isabel Roselli.

A juicio del edil colorado Gabriel Gabbiani, Sánchez y su secretaria “planificaban todas las actividades que pudieran realizarse con recursos del Municipio y procuraban que parte del mismo quedara en sus manos para emplearlo en beneficio personal”. Además, “distribuía materiales y canastas de alimentos adquiridos por el municipio o la Intendencia de Colonia a determinados ciudadanos a cambio de que lo votaran”.  

El edil comunista Carlos Fernández alertó que “no debería pasar” que la firma del empresario condenado por este caso, y otras vinculadas a familiares directos, continúen siendo contratadas por la Intendencia de Colonia.

El edil socialista José Manuel Arenas, por su parte, sostuvo que la contratación de empresas monotributistas “creadas para trabajar a la orden del alcalde” propiciaron “una maquinaria llena de vinculaciones cargadas de opacidad, lo que abona la tónica poco transparente que impulsaba su accionar”.

En setiembre de 2021 Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir. En el marco de la “Operación Corruptio” nueve personas fueron condenadas por delitos contra la administración pública: siete a penas mixtas de prisión y libertad vigilada, y dos a penas de libertad vigilada.

El abogado Álvarez Petraglia asumió el caso en noviembre, dos meses después de que sus defendidos resultaran condenados, y reconoce que tiene “sus bemoles”. Además del ex alcalde Alfredo Sánchez, defiende a la esposa de este, Nelly Agustins actualmente en régimen de libertad vigilada, a su hijo Pablo que es edil, la hija María del Luján que es concejal del Municipio, y también a la funcionaria Moira Andrada.

“Era un caso claro para ir a juicio –señala-, jamás hubiese recomendado aceptar ningún tipo de acuerdo o juicio abreviado”. El proceso abreviado fue instaurado por el nuevo Código General del Proceso en 2017, y Álvarez Petraglia lo considera “un no-juicio”.

A ello se sumó “un conjunto de irregularidades” entre las que reiteró la existencia de “un segundo expediente, abierto en 2018 tres días antes del primero”, y las escuchas telefónicas, “que se autorizan durante un plazo máximo de seis meses y se extendieron durante más de dos años”.

Juicio político

Convencido de que “en un estado de derecho las garantías deben ser para todos”, en abril el abogado solicitó la nulidad de la condena. Debió hacerlo en dos sedes judiciales ya que sus defendidos hombres están presos en Florida y las mujeres en Piedra de los Indios. La primera ya respondió en forma negativa y la decisión fue apelada; en Colonia se dio traslado a la Fiscalía.

En junio, tras consultar al constitucionalista Diego Galante, Álvarez Petraglia presentó ante la Suprema Corte de Justicia una declaración de inconstitucionalidad del juicio político contra Sánchez y su hijo promovido en el Senado por la Junta Departamental. 

“Sostenemos que el Artículo 18 de la Ley de Descentralización es inconstitucional –explicó-, porque el constituyente estableció el juicio político con un número cerrado de personas que conocía, distinguiendo incluso la materia departamental de la municipal, y porque pudiendo ampliar a las autoridades locales no lo hizo”.

Simultáneamente, como medida cautelar, Sánchez pidió a la Cámara de Senadores que el juicio político se posponga hasta tanto la Suprema Corte de Justicia “decida la acción de inconstitucionalidad que promoví contra el art. 18 de la ley N° 19.272”.

Si bien está claro para él que no se trata de un proceso ante un órgano del Poder Judicial, “también me queda claro que se me está juzgando políticamente como consecuencia de mi condena penal (…) que, como ya sostuve y puedo demostrar, he impugnado”.  

En el escrito, cuestiona: “¿qué pasa si la justicia penal me da la razón? ¿qué pasa si la Corte declara inconstitucional el art. 18 de la ley N° 19.272? pues la respuesta es que el Senado no puede devolverme mi cargo, el que, como consecuencia de su decisión, habré perdido definitivamente”. 

En función de lo anterior, “retrasando por unos meses la decisión sobre el punto, el Senado no limita sus poderes ni abdica de los mismos, sino que simplemente me da la oportunidad de demostrar mi plena inocencia en el caso por el que se me juzgó, impidiendo de esa manera que se cometa una doble injusticia”.

Álvarez Petraglia adelantó a LVA que luego de la feria judicial de julio presentará ante la Fiscalía de Rosario una denuncia penal por el mal manejo del expediente.