Terrorismo de Estado. Casos colonienses destacan en investigación forense

Según una reciente investigación del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de la República (Udelar), 108 personas murieron bajo custodia, la mayoría por causas violentas y la aplicación de torturas durante el terrorismo de Estado en Uruguay. El director del estudio, Hugo Rodríguez, dijo a LVA que entre los casos colonienses hay tres “muy singulares”. (Portada: mural rosarino pintado en mayo de 2021).  

Luis Udaquiola

Toda muerte bajo custodia es potencialmente ilícita por acción u omisión del Estado. Los investigadores determinaron que 28% de las “muertes naturales”, se debieron a “negligencias graves”. De las 108 víctimas, 36 murieron en centros de detención clandestina, 34 en establecimientos militares de reclusión regulares, 19 durante operativos de detención y otras 19 están desaparecidas.

El estudio considera que el período del “terrorismo de Estado” se extiende entre el 27 de junio de 1973, día del golpe cívico-militar, y el 28 de febrero de 1985. 

La investigación estuvo a cargo de los doctores Hugo Rodríguez, Natalia Bazán, Victoria Iglesias y Evangelina Pérez, y fue presentada el 27 de abril en Montevideo ante familiares de los fallecidos, académicos, fiscales, abogados especialistas en Derechos Humanos y legisladores.  

Entre los 108 casos aparecen ocho colonienses: Aldo Perrini, Nibia Sabalsagaray, Hugo Dermit, Alfredo Pino, Mirto Perdomo, Julio Escudero, Victorio Méndez y Ramón Peré. Este último nació en Agraciada (Soriano), pero cuando lo mataron en 1973 estaba casado con la carmelitana Alicia Jaime -tenían dos hijos pequeños-, y si bien vivían en Montevideo trabajaba como docente de química en el liceo de Tarariras.  

El director del Departamento de Medicina Legal de la Udelar, Hugo Rodríguez, destacó tres casos “muy singulares” en Colonia: Ramón Peré, Nibia Sabalsagaray y Aldo Perrini. Peré murió el 6 de julio de 1973 en el marco de la huelga general decretada por el PIT-CNT, y fue “el primer muerto en dictadura”, recordó. 

Cuando lo mataron tenía 28 años, estudiaba en la Facultad de Veterinaria, y militaba en la Federación de Estudiantes (FEUU) y en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). “Parecería que esos funcionarios policiales hicieron una serie de disparos, uno de los cuales fue a herir al estudiante Peré. A partir de allí, la versión es más confusa porque no se sabe bien por quiénes y en qué tipo de vehículo fue transportado el estudiante al Hospital Militar, adonde llegó muerto”, declaró el entonces rector de la Udelar, Samuel Lichtensztejn.

Autopsias sin cadáveres

Tanto el caso de Nibia Sabalsagaray, estudiante y docente nacida en Nueva Helvecia, como el del comerciante de Carmelo, Aldo Perrini, ambos asesinados en 1974, fueron sometidos a “autopsias históricas” por equipos forenses en los que Rodríguez participó.  

Sabalsagaray era estudiante de literatura y ejercía como docente del liceo Zorrilla en Montevideo; tenía 24 años y militaba en la UJC. En febrero de 2008 la fiscal Mirtha Guianze pidió a Rodríguez y a Domingo Mederos, peritos del Instituto Técnico Forense, la realización de un peritaje psicológico para determinar si era una persona “proclive al suicidio”.

Fue el primer caso judicial que solicitó una “autopsia histórica”, y el primero que procesó con prisión a un militar en actividad, el general Miguel Dalmao. “Lo que demostramos con total certeza es que la versión militar del suicidio era falsa”, explicó Rodríguez, “porque según el relevamiento planimétrico disponible en el expediente, la barra de hierro donde decían que Nibia se colgó estaba a 1,80 metros del suelo, y entonces no podía estar “arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello” como declaró Dalmao.   

La autopsia histórica de Perrini se ordenó el 6 de marzo de 2012, con el fin de establecer la causa de su muerte. Se le encargó a la Cátedra de Medicina Legal y estuvo a cargo de los tres profesionales con mayor calificación académica del país: Hugo Rodríguez, Daniel Maglia y Domingo Mederos.

La jueza Beatriz Larrieu procesó con prisión al general retirado Pedro Barneix y al coronel retirado José Puigvert por el “homicidio político” de Aldo Perrini en 1974. Barneix se suicidó en setiembre de 2015 en su casa cuando fueron a detenerlo.

En este grupo también se encuentran los lacazinos integrantes del MLN, Hugo Dermit Barbato y Alfredo Pino Garin, muertos en 1980 y 1982 respectivamente. Ambos habían cumplido sus condenas de ocho y diez años y permanecían retenidos por Medidas Prontas de Seguridad.

Los otros colonienses integran distintos grupos: Julio Escudero Mattos (“personas detenidas desaparecidas”) nació en Nueva Helvecia, era bancario, y militaba en AEBU y en el Partido Comunista; fue visto por última vez el 29 de octubre de 1976. Por su parte Mirtho Renée Perdomo y Victorio Méndez murieron en 1978, con poco más de un mes de diferencia, y pertenecen al grupo de “personas fallecidas en centro de detención regular”.

Perdomo era empleado de Ancap en Juan Lacaze, fue detenido en 1972 y murió en prisión a causa de una peritonitis que fue tratada como diarrea. El carmelitano Méndez tenía 52 años cuando murió en el Hospital Militar. Había sido preso en enero de 1974 entre más de 40 detenciones para detectar grupos del MLN-T en el departamento de Colonia. Su cautiverio transcurrió en la sede del Batallón de Infantería Nº 4 (Colonia), y luego en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 (Libertad).

Una forma de reparación simbólica

En la presentación del estudio participó también, vía streaming el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, quien calificó el trabajo como «extraordinario e innovador». Interviniendo desde París resaltó que “no hay estudios de esta naturaleza llevados a cabo con el enfoque y la calidad de este excelente informe”.

Dijo que este trabajo no tiene precedentes y es un modelo que buscará aplicar en otros contextos. Se trata de un “aporte necesario a una deuda pendiente” y lo calificó como “un modelo de buena práctica que nos sirve de inspiración”. Al respecto señaló que “las muertes bajo custodia en el pasado y en el presente son un fenómeno invisibilizado”. 

Tidball-Binz destacó el valor conceptual y práctico de la “autopsia histórica”, que consideró una innovación técnica que “debería aplicarse en otros contextos”.

Para Rodríguez, la investigación significa “una contribución, a estándares universales de derechos humanos, de verdad, justicia, memoria, y garantía de no repetición”. Para los familiares de las víctimas, “el solo hecho de conocer un poco más de lo que pasó, nos parece que es una forma de reparación simbólica”. 

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