Referéndum. Opinan actores sociales a favor y en contra de derogar

Completando nuestro aporte al debate sobre la derogación o no de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en 2020, invitamos a exponer a cuatro dirigentes sociales colonienses: dos por el NO y dos por el SI. El referéndum tendrá lugar este domingo entre las 8 y las 19:30 horas.

Mathias Medero

En los últimos días LVA publicó las visiones de cuatro referentes políticos del departamento de Colonia: el diputado Mario Colman y el ex intendente Napoleón Gardiol a favor del NO, y el diputado Nicolás Viera y la diputada Cristina Lustemberg, partidarios del SI. También invitamos a la diputada Nibia Reisch, quien no respondió el cuestionario.

En esta oportunidad convocamos a cuatro actores sociales vinculados a sindicatos y organizaciones sociales: el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) de Juan Lacaze, José Rosa, y la dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) de Colonia, Viviana Rodríguez por el SI, y los referentes en Colonia del movimiento Un Solo Uruguay, Oscar Daghero, y del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), Luis Imperial, por el NO.  

Respecto de la figura de ‘legítima defensa’, el dirigente José Rosa (UNTMRA) sostuvo que los artículos “nos quitan garantías como ciudadanos, dándole más valor a la propiedad privada que a la vida”. “No puede ser que se habilite a matar a cualquier ciudadano para evitar un hurto: es el Estado quien debe velar por la seguridad de todos y darnos garantías”, expresó.

Por su parte Oscar Daghero (Un Solo Uruguay), afirmó que hay que mantener los artículos porque “los derechos de los uruguayos deben estar por encima de los derechos de los delincuentes” y porque “tenemos que volver a respetar la propiedad privada”.

Luis Imperial (SUPU), opinó que los artículos de ‘legítima defensa’ son beneficiosos, y que bien utilizados son una herramienta necesaria. “Me gustaría puntualizar que en ninguna parte el artículo habilita o da poder a la Policía para cometer abuso, o sea: quien infrinja la ley por desconocimiento será sancionado. El desconocimiento de leyes, normas y decretos no te exime de pena”.

Educación en la LUC

Otro de los puntos en discusión es la Educación, ya que el articulado introduce cambios en el sistema educativo. Daghero manifestó que se debería priorizar la laicidad. “José Mujica dijo: ‘hay que hacer mierda a los gremios de la educación’, eso para mí es exagerado, pero por algo lo dijo. Además, reconozcamos que el sistema educativo ha caído mucho: a la prueba están los resultados de las pruebas Pisa”, expresó.

Imperial, por su parte, defendió estos cambios porque “tristemente los realizados con anterioridad han dejado al descubierto muchas falencias en el sistema educativo”. Dijo que desde Primaria se observan situaciones complejas que dejan a los docentes de rehenes, y que los niños no salen preparados, o sea “peor no vamos a estar”. Señaló que en ninguna parte de la Ley se habla de privatizar la Educación.

Por otro lado, Rosa dijo que los artículos que se pretende derogar modificaron los Consejos de Educación y eliminaron la participación de los docentes con la creación de direcciones unipersonales designadas políticamente. “Esto deja afuera de la conducción y creación de políticas educativas a los actores principales que conocen la realidad y el día a día. Además, da participación a los empresarios en la formación de políticas educativas fomentando la privatización de la educación pública”.

El dirigente metalúrgico añadió que también se crean becas para formación en educación con fondos públicos beneficiando al sector privado. “A su vez se elimina la obligatoriedad de inscribir a los niños desde los tres años, perjudicando sobre todo a los más vulnerables. No privatiza directamente, pero incorpora lógicas mercantiles al sistema educativo beneficiando únicamente a quienes más tienen”, cuestionó.

La dirigente gremial Viviana Rodríguez (Fenapes), expresó que la LUC debilita el sistema educativo público. “No propone ninguna solución buena. Todo lo contrario, genera más problemas al sistema educativo público, al reestructurar su funcionamiento perjudicando a los docentes, a los estudiantes y por ende a toda la sociedad”.

Sostuvo que la LUC quita espacios de participación docente, al quitar en la órbita de los desconcentrados (Primaria, Secundaria, Técnico Profesional) la representación docente que se ejercía a través de los consejeros. “Por lo tanto quita derechos, restringe la posibilidad de que la voz docente tenga un rol relevante en los procesos de construcción de las políticas educativas. Con la LUC a los docentes se le quita ámbitos democráticos donde hacer escuchar su voz, se desestima su profesionalidad, y no se le reconoce el conocimiento acumulado en el terreno teórico y sobre todo en el terreno práctico”. 

Por este motivo desde Fenapes denuncian que la LUC es regresiva, porque “quita derechos ya adquiridos”. Rodríguez puntualizó que el artículo 193 de la LUC introduce un peligroso marco regulatorio desde el punto de vista del derecho laboral para los trabajadores de la educación, puesto que está por fuera de las garantías consagradas en el Estatuto del Funcionario Docente. 

“Con la LUC se introducen los llamados regímenes especiales, en cuyo marco las direcciones pueden decidir qué docentes contratar o no, y otorgarles compensaciones económicas por el cumplimiento de las metas y proyectos educativos institucionales. Esto es hacer funcionar los centros educativos como empresas, es privatizarlos”, advirtió.

Según la docente, mediante estos mecanismos se “legítima y profundiza las desigualdades educativas y sociales ya existentes, se desregularizan los  derechos laborales conquistados, se limita el derecho de acceso a las fuentes de trabajo docente, se restringe la libertad de cátedra reduciendo a los docentes a meros aplicadores de ‘recetas pedagógicas’, promueve la competitividad y la división entre trabajadores, y habilita la gerontocracia, dándole más relevancia a expertos de escritorios que desconocen la realidad de las aulas”.

Inclusión financiera y derecho de huelga

Otro de los cuestionamientos de cara al referéndum es el cambio al sistema de inclusión financiera. José Rosa explicó que aumentar los topes de 4.000 a 100.000 dólares en efectivo sin pasar por el sistema financiero, permite que se fomente el lavado de activos y evita controlar, por ejemplo, el narcotráfico o la evasión.

Por otra parte, el dirigente señaló que estos artículos le dan derecho a las patronales a pagar en efectivo, fomentando el trabajo en negro y la evasión de impuestos, y perjudicando a los trabajadores más débiles que no están en igualdad de condiciones con el patrón para negociar su salario.

El representante de Un Solo Uruguay en Colonia, respondió que la bancarización obligatoria es un claro “atentado contra la libertad” y “un gran negocio para los bancos”. Daghero precisó que no está en contra de la bancarización, sino en contra de la obligatoriedad.

El dirigente del sindicato policial opinó que está bien que cada individuo tenga la opción de cobrar por el medio que desee. “Quienes no están de acuerdo opinan que los empleadores pueden utilizarlo como un escape o para evadir impuestos, pero lo cierto es que ya pasaba con la ley anterior, sobre todo para quienes debían pasarle retención a sus hijos, que se hacen figurar un sueldo básico y no real y es muy difícil poder comprobarlo”, dijo.

Sobre la reglamentación del derecho de huelga, Daghero señaló que se trata de un derecho regulado por la OIT, y que si bien un trabajador tiene derecho a realizar una huelga, quien no lo desea también tiene derecho a trabajar libremente sin atropellos.

Imperial, por su parte, recordó que el sindicato policial no tiene permitido realizar huelgas: “creemos necesario que esté reglamentado, porque hay empleados que no quieren acompañar y tener la posibilidad de concurrir a su trabajo sin perjuicios, ni ser violentados por sus compañeros de trabajo”.

Para Rosa, estos artículos de la LUC quitan a los trabajadores herramientas de lucha como la ocupación o los cortes de ruta, prohibiéndolos. “En caso de despidos injustificados o de arbitrariedades empresariales, a los trabajadores nos permite nivelar un poco esa desigualdad y poder negociar en mejores condiciones. Entendemos que como está en la LUC le otorga más poder a los poderosos y perjudica a los trabajadores, jubilados y pueblo en general”.

Vivienda y ‘apariencia delictiva’

En materia de vivienda, los artículos de la LUC que se impugnan agregan una modalidad de arrendamiento sin garantía que ha sido cuestionado por los partidarios del SÍ. No obstante, el dirigente metalúrgico José Rosa aclaró que esta modalidad ya existía, y que lo que se agregó es el derecho del propietario al desalojo en menos tiempo que antes. Además, en caso de atraso, a partir del tercer día tiene seis para pagar con intereses del 60% pudiendo ser desalojado si no paga.

El referente de Un Solo Uruguay afirmó que el arrendamiento sin garantías es una nueva modalidad que se agrega a las ya existentes, y que no cree que eso perjudique a nadie. Imperial opinó que la figura de arrendamiento sin garantía está muy bien, “es otra opción para quienes no consiguen una garantía y no deja sin efecto lo anterior, o sea, es opcional y no se entiende la preocupación: si uno es responsable y buen pagador no debería haber inconvenientes”.

Otra de las controversias que surgen entre los 135 artículos refiere a la figura de hecho ‘en apariencia delictiva’. Sobre este punto el referente de Un solo Uruguay alegó que los países con niveles de seguridad más elevados “dan más herramientas y apoyo a las autoridades. Es más, en esos países los códigos penales son mucho más firmes que en Uruguay”.

El dirigente policial Luis Imperial, sostuvo que esta figura bien utilizada es “una muy buena herramienta: No veo inconveniente o motivo de malestar del ciudadano de que se le pida un documento de identidad si no hay nada que ocultar. Como expresé anteriormente, la LUC no habilita al Policía a vulnerar el derecho de nadie, es más, protege y hace respetar a la autoridad, cosa que en estos últimos 15 años se ha perdido, con la LUC la falta de respeto a la autoridad se paga”.

Imperial considera que quién inflige la ley debe ser sancionado como cualquier ciudadano. “Siempre pensé que el uniforme no te da poder, te da una responsabilidad ante la sociedad”.

El metalúrgico José Rosa, dijo que la UNTMRA entiende que la figura de la apariencia delictiva perjudica a los ciudadanos y les quita garantías. “No puede ser que por mi forma de vestir o de verme un policía pueda detenerme, sin haber cometido ningún delito, pudiendo a su vez detenernos hasta por cuatro horas sin dar aviso a la Justicia. Esto genera abusos, más violencia y estigmatización como ya se ha visto. A su vez queda claro que no mejora en nada la seguridad perjudicando por sobre todo a los más humildes”. Rosa recordó que la LUC contiene casi 500 artículos, y que los promotores del SI pretenden derogar 135 que entienden perjudiciales para las grandes mayorías. “Creemos que deben ser derogados porque nos quitan derechos y garantías, abren camino a las privatizaciones de la educación y nos quitan herramientas de defensa ante los abusos de poder de los ricos, perjudicando a los que menos tienen”.