En 2019 la Intendencia de Colonia tuvo un déficit de $104.661.645

En 2019 la Intendencia de Colonia tuvo un déficit de $104.661.645

La postergación electoral de mayo a septiembre por la pandemia generó una situación atípica que dejó al descubierto el desempeño del último año del ex intendente Carlos Moreira. La Intendencia de Colonia (IC) tuvo un reciente fallo contrario por el caso del terreno del Hospital -deberá pagar U$S 2,5 millones-, lo que se suma a un balance económico negativo que condiciona al próximo gobierno departamental.

Mathias Medero

El martes 30 de junio, el mismo día que vencía el plazo constitucional de 180 días para su presentación, ingresó a la Junta Departamental la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2019 de la IC. Esta muestra un déficit de $104.661.643, casi U$S 3 millones.

Dentro de los egresos la Dirección de Obras tenía previsto un gasto de $447.229.552, pero ejecutó $713.680.871, una diferencia de $266.451.319 (60% de más). Por su parte los gastos en la Dirección de Alumbrado Público, sin incluir consumos eléctricos ni combustibles, fueron de $55.735.181 cuando solo estaban presupuestados $18.851.396: se gastó un 196% de más ($36.883.785).

Los ingresos totales a las arcas de la IC fueron de $2.557.892.000, unos U$S 70 millones. Durante la última administración del ex intendente Carlos Moreira, se administraron aproximadamente unos U$S 350 millones de dólares.

Del total de ingresos, $1.787.891.241 (70%) provienen del ámbito departamental (contribución, patentes, tasa de alumbrado público) y $ 770.000.759 (30%), son de origen nacional.

Por sueldos y honorarios la IC pagó $1.081.651.627 y $ 56.944.310 como gastos de retribuciones por inversiones. Además $233.105.589 por servicios no personales, lo que hace un total de $1.371.701.526, el 77% de los ingresos de origen departamental.

La recaudación por impuesto de Alumbrado Público, $172.358.937, representa el 10% del total de los ingresos departamentales. Para el edil frenteamplista William Geymonat se trata de “la metida de mano en los bolsillos de los contribuyentes más aberrante de nuestra historia moderna”.

El edil señaló que la factura anual de UTE por cobranza del servicio de suministro de energía ronda los $70 millones anuales. Los restantes 100 quedan en las arcas de la comuna, deducidos los costos operativos y gastos de funcionamiento del Departamento de Electrotecnia, aguardando alguna obra de relevancia o un correcto destino.

“Desde el inicio las franjas de 100, 200 y 300 pesos aplicadas por el Intendente fueron una cifra por demás desmedida y abusiva”, explicó. “Asumió el compromiso de corregir a la baja pero eso jamás sucedió en el transcurso de estos cinco años, no hay voluntad del intendente saliente ni del actual de corregir ese exceso contributivo. Y aun esperamos respuestas”.

Geymonat dijo que hay un tema económico y presupuestal que “rompe los ojos”, y cuestionó “¿por qué hay este déficit si la mayoría de las obras las paga el gobierno nacional? Por ejemplo, en Atanasio Sierra, obra muy importante de interconexión vial de reciente ejecución el costo fue de $20.544.633, de los cuales el gobierno nacional aportó $ 17.462.938 y la IC, $3.081.695 (15 %)”.

O la calle Armonía Sommers, en ejecución, “que interconecta el Real de San Carlos con la ruta 21: tiene un costo total de $32.463.683, de los cuales $22.724.578 pone el gobierno nacional y apenas $9.739.105 (30%) el gobierno departamental”.

Cuando se analizan las rendiciones de cuentas “desde 2001 a la fecha, cada año electoral se comportan de la misma manera: aparecen déficits enormes, inexplicables, que nadie se toma el trabajo de explicar, pero que quienes conocemos su forma de proceder, es fácilmente interpretable”, declaró el edil.

“Este año, por efecto de la pandemia, pasó algo que no pasó nunca: en año de elecciones municipales las Rendiciones de Cuentas llegan a la Junta en junio, después que pasó la elección, pero ahora por la postergación de mayo a septiembre la recibimos antes”. Geymonat indicó que ahora la Junta Departamental conoce “la catástrofe” antes del acto eleccionario. Es el quinto año de los últimos diez en el que la Intendencia tiene un balance anual deficitario, y el segundo en el último período de Moreira que pasó de $198.789.370 de superávit en 2018 a $104.661.645 de déficit en 2019.

Al balance económico negativo se suma el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que obliga a la IC a pagar a la familia Porras U$S 2,5 millones por el terreno del nuevo hospital. La IC expropió ese predio en 2009 pagando la suma U$S 150.000 aunque según tasaciones costaba U$S 1.100.000. La situación compromete a la Intendencia y condiciona al próximo gobierno departamental.

“Quienes deben dar explicaciones, y no excusas, sobre estos temas son las máximas figuras del Partido Nacional, que como sabemos y es tradicional, en estos casos se llaman a discreto silencio”, completó Geymonat.